La suspensión parcial de la etapa 11 de la Vuelta a España en Bilbao ha puesto de relieve un dilema que el deporte no puede seguir esquivando: ¿puede proclamarse “neutralidad política” cuando se aplican boicots selectivos a unos países y se ignoran las violaciones sistemáticas de otros?
En 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, la reacción de la comunidad deportiva internacional fue inmediata. Federaciones, ligas y organizadores decidieron excluir a equipos y atletas de Rusia y Bielorrusia. En ciclismo, la propia Unión Ciclista Internacional (UCI) vetó la participación de sus equipos en competiciones internacionales. La razón invocada entonces fue clara: el deporte no puede ser indiferente frente a una agresión militar ni servir de escaparate propagandístico a un Estado que vulnera el derecho internacional.
El contraste con lo ocurrido en Bilbao es flagrante. El equipo Israel–Premier Tech, señalado por muchos manifestantes como símbolo del sportwashing de un Estado acusado de crímenes de guerra en Gaza y Cisjordania, compitió con normalidad pese a las reiteradas advertencias. No era la primera protesta: desde las etapas iniciales hubo bloqueos, pancartas y altercados. La tensión escaló hasta el punto de neutralizar una llegada y dejar a ciclistas y agentes heridos.
La respuesta de la UCI, sin embargo, fue distinta a la aplicada contra Rusia y Bielorrusia: reafirmar su “neutralidad política” y condenar la protesta. En otras palabras: castigar a quienes denuncian, no a quien origina el cuestionamiento ético.
Aquí emerge la contradicción. Si el deporte justificó el boicot a Rusia como un acto de coherencia moral y solidaridad con Ucrania, ¿por qué no procede la misma medida ante la devastación en Gaza? ¿Es que el derecho internacional se aplica según la geografía, o según el peso de los aliados en la geopolítica global?
El argumento de la neutralidad pierde fuerza cuando se aplica de manera selectiva. Se trata, en realidad, de un cálculo político y económico: Rusia estaba aislada internacionalmente, mientras que Israel goza del respaldo de Estados Unidos y de buena parte de la Unión Europea. La UCI no se mueve en un vacío: responde a patrocinadores, intereses financieros y presiones diplomáticas.
Pero el resultado es corrosivo. Cuando la neutralidad se convierte en complicidad, el deporte deja de ser un espacio universal para convertirse en un escaparate condicionado por la fuerza de los lobbies. Y quienes terminan pagando el precio son los propios ciclistas, convertidos en carne de cañón de una incoherencia institucional.
La pregunta, entonces, no es si un boicot a Israel procede: desde un punto de vista ético, la respuesta es sí, porque los mismos criterios que llevaron a vetar a Rusia son aplicables a la ocupación y los ataques en Palestina. La pregunta real es si las instituciones deportivas están dispuestas a asumir ese coste político y económico. Y todo indica que, por ahora, no lo están.
La Vuelta en Bilbao nos deja así una enseñanza incómoda: la neutralidad en el deporte ya no existe, y cuando se proclama, suele ser selectiva. Si se aplican sanciones a unos y se perdona a otros, lo que se quiebra no es solo la coherencia, sino la credibilidad moral de todo el sistema deportivo internacional.
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Nota editorial: Este ensayo se publica en cinco idiomas. La postura ética y el argumento central son idénticos, aunque el tono y la extensión varían: algunas versiones son más analíticas, otras más retóricas o filosóficas. Esta es una elección deliberada, que refleja cómo cada cultura recibe el discurso. Las diferencias son de forma, no de fondo.